Vivienda · 1 oct 2026 · 20 min de lectura

Los decretos del alquiler de octubre de 2026 fueron derogados el 2 de octubre y vuelven desde el 8 de octubre: qué rige ahora un contrato, tras la votación del 12 de noviembre

Olga Caballero & Co. Olga Caballero & Co.Despacho de abogados · Tenerife y Fuerteventura

Un propietario neerlandés tiene dos pisos en Los Cristianos. Uno está alquilado desde el 1 de marzo de 2022 a una familia que vive allí todo el año, por 950 € al mes, con un contrato cuyos cinco años se cumplen a primeros de marzo de 2027; el otro lo ocupa cada invierno, de noviembre a marzo, el mismo matrimonio jubilado de Hamburgo, con lo que ambas partes han llamado siempre un contrato de temporada. A finales de septiembre de 2026 el Gobierno reescribió por decreto las reglas de los dos pisos: el Real Decreto-ley 26/2026, publicado el 30 de septiembre y en vigor desde el 1 de octubre, y el Real Decreto-ley 27/2026, publicado el 1 de octubre y en vigor desde el 2 de octubre. El 2 de octubre el Congreso votó los dos decretos y derogó ambos: el primero por 178 votos frente a 172, el segundo por 184 votos frente a 166. La prórroga de cinco años y el año de renta por no renovar, los dos años más a petición del inquilino, el tope del 2 % en las actualizaciones y el arrendamiento de «vivienda temporal» que había sustituido al contrato de temporada fueron ley unos días y han sido rechazados. Esta nota se escribió el 1 de octubre para explicar los dos decretos. Ahora dice qué reglas vuelven a regir un contrato de alquiler, deja constancia de lo que los decretos habían cambiado y mira lo que se hizo en los días en que estuvieron en vigor. Las citas son literales.

Actualización de 13 de noviembre de 2026: el decreto-ley que devolvió las medidas queda convalidado, y el de las prórrogas, derogado

El 7 de octubre de 2026 el BOE publicó el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, en vigor desde el 8 de octubre, y con él el Real Decreto-ley 28/2026, que fijaba su propia entrada en vigor para el 15 de noviembre. El primero vuelve a escribir casi todo lo que los dos decretos derogados habían hecho con un contrato de alquiler: la prórroga extraordinaria a petición del inquilino, por plazos anuales y hasta dos años más, para un contrato de vivienda habitual cuya prórroga obligatoria termine antes del 31 de diciembre de 2028 o cuya prórroga tácita termine, con el inquilino al corriente de la renta durante los ocho meses anteriores (disposición final quinta); el tope del 2 % en la actualización anual salvo que las partes pacten otra cifra, y ninguna subida cuando la renta supera el índice de referencia, para las actualizaciones que toquen hasta el 31 de diciembre de 2027 (disposición final sexta); el arrendamiento de vivienda temporal en lugar del contrato de temporada, con causa escrita y acreditable, más de treinta y un días y como regla no más de doce meses, dos contratos seguidos como máximo (artículos 2.3, 7 y 9 bis de la Ley de Arrendamientos Urbanos); el tope de treinta y un días a la cesión turística que la Ley deja a la normativa turística (artículo 5.e); la letra pequeña del contrato ordinario (el IRAV como tope de toda actualización, los tributos y los gastos de agencia nunca a cargo del inquilino, el plazo de quince días para reparar, la renuncia al tanteo prohibida, la garantía adicional de dos mensualidades, el documento firmado de fin de contrato: artículos 18, 20, 21, 25, 36 y 37); y las reglas de desahucio, la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2030 y los dos meses de la administración para realojar o pagar (artículos 2 y 5). Las solicitudes de prórroga extraordinaria hechas al amparo del decreto de marzo se tienen por válidamente formuladas (disposición transitoria primera); un contrato de temporada firmado antes del 8 de octubre conserva su régimen hasta el fin pactado y se extingue entonces sin prórroga (disposición transitoria octava de la Ley). El segundo decreto-ley habría reescrito el artículo 10 de la Ley desde el 15 de noviembre: seis meses de preaviso para el arrendador, prórrogas tácitas de cinco años y una indemnización de hasta doce mensualidades por no renovar, con sus propias excepciones. El 12 de noviembre de 2026 la Diputación Permanente del Congreso disuelto votó los dos, y el BOE publicó las dos resoluciones el 13 de noviembre: el Real Decreto-ley 29/2026 quedó convalidado y sigue en vigor; el Real Decreto-ley 28/2026 fue derogado antes del día en que debía entrar en vigor, de modo que su artículo 10 nunca llegó a aplicarse, y el preaviso para no renovar sigue siendo de cuatro meses para el arrendador y de dos para el inquilino, con una prórroga tácita por plazos anuales hasta tres años más (artículo 10.1 de la Ley). El resto de esta nota es la crónica de los días entre la derogación y el nuevo decreto-ley, y de lo que la derogación dejó abierto; las preguntas del final se contestan con la ley tal como está el 15 de noviembre.

Qué hizo la votación, y desde cuándo

Un decreto-ley es el Gobierno legislando solo en caso de urgencia, y la Constitución lo ata corto: debe someterse a una votación de todo el Congreso en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, y la Cámara debe pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación (artículo 86.2). Esta vez la votación llegó dos días después de publicarse el primer decreto y uno después del segundo.

Una derogación se hace pública mediante una resolución del Congreso que se imprime en el Boletín. En el decreto anterior del alquiler, el Real Decreto-ley 8/2026 de marzo, la votación fue el 28 de abril y la resolución apareció el 30 de abril, y la propia base de datos del Boletín fecha el final de aquel decreto el día de esa publicación. Lo que ocurre con los artículos que un decreto derogado había reescrito lo enseña un caso más antiguo. En diciembre de 2018 un decreto-ley reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos; el Congreso lo derogó el 22 de enero de 2019, y el texto consolidado de la Ley en el Boletín volvió a la redacción anterior el 24 de enero, el día en que se publicó la resolución. Esta vez el Boletín no esperó: las dos resoluciones se publicaron el mismo día de la votación, en un segundo número fechado el 2 de octubre de 2026, y su texto consolidado de la Ley volvió a la redacción del 30 de septiembre desde ese mismo día. Las medidas que solo vivían en los decretos, como la prórroga extraordinaria, el tope del 2 % y la suspensión de los desahucios, se fueron con ellos.

Es la segunda vez este año. El decreto de marzo traía una prórroga extraordinaria y un tope del 2 % muy parecidos a los de septiembre, y el Congreso lo derogó treinta y ocho días después de su publicación. Las medidas volvieron en septiembre y han vuelto a caer. Pueden volver una tercera vez, por decreto o como proyecto de ley; hasta que un texto supere su votación, un arrendador o un inquilino debe actuar conforme a la ley vigente ese día, por escrito y con fechas.

El alquiler de vivienda habitual: cuatro meses de preaviso, tres años más

Sin el segundo decreto, el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos vuelve a ser el que dejó la ley de vivienda de 2023. Cuando el arrendamiento de una vivienda habitual ha cumplido sus cinco años, o siete si el arrendador es una persona jurídica, y ninguna de las partes ha preavisado, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más (artículo 10.1). El preaviso del arrendador debe darse al menos cuatro meses antes de que termine el plazo; el del inquilino, al menos dos. Durante esos tres años solo el inquilino puede salirse, avisando con un mes de antelación al final de cada anualidad. Y el arrendador que preavisa a tiempo no necesita causa ni debe nada: las doce mensualidades del segundo decreto colgaban de un artículo que ya no existe.

Quedan dos prórrogas a petición del inquilino, porque estaban en la Ley antes de los decretos. El inquilino que acredite una situación de vulnerabilidad social y económica, con un informe o certificado de los servicios sociales emitido en el último año, puede pedir un año más, y el arrendador que sea gran tenedor de vivienda debe aceptarlo (artículo 10.2). Cuando la vivienda está en una zona declarada de mercado residencial tensionado, el inquilino puede pedir prórrogas anuales hasta tres años, que el arrendador debe aceptar salvo que las partes acuerden otras condiciones, firmen un contrato nuevo o el arrendador haya comunicado que necesita la vivienda (artículo 10.3). La prórroga extraordinaria de hasta dos años que el primer decreto daba a cualquier inquilino al corriente de la renta ha desaparecido.

Para la familia de Los Cristianos el calendario vuelve a ser el de antes. Sus cinco años terminan a primeros de marzo de 2027. Si el propietario quiere recuperar el piso en esa fecha, tiene hasta los últimos días de octubre de 2026, cuatro meses antes, para decírselo, y no tiene que explicar por qué ni pagar nada. Si no dice nada, y ellos tampoco preavisan, el contrato sigue año a año hasta marzo de 2030 como máximo, en las mismas condiciones, y durante ese tiempo él no puede ponerle fin con un preaviso.

Actualización de la renta: la cláusula del contrato, y su tope

El artículo 18 también vuelve atrás. Una actualización sigue necesitando cláusula: En defecto de pacto expreso, no se aplicará actualización de rentas a los contratos. Sea cual sea el índice que nombre la cláusula, la subida anual no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo (artículo 18.1, un tope que la Ley lleva desde marzo de 2019). Para los contratos firmados desde el 26 de mayo de 2023 el tope es otro: el IRAV, el índice que el Instituto Nacional de Estadística publica con ese fin por mandato de la ley de vivienda de 2023 (disposición adicional undécima de la Ley). Los contratos firmados antes de esa fecha conservan las reglas con las que se firmaron. El primer decreto había puesto todos los contratos bajo el IRAV y, hasta finales de 2027, bajo un tope temporal del 2 % cuando las partes no pactaban una cifra nueva. No sobrevive ninguno de los dos topes.

Las cifras enseñan la diferencia. El IRAV publicado el 15 de septiembre de 2026, el de agosto, es del 2,47 %; el índice de precios de consumo del mismo mes, según la calculadora de actualización del Ministerio de Vivienda, estaba en el 4,3 %. El contrato de Los Cristianos es de 2022 y su cláusula remite al IPC. Con las cifras de agosto, la actualización de marzo de 2027 sumaría 40,85 € al mes a los 950 €; con la regla temporal del decreto habría sumado 19 € como máximo. Un contrato con la misma cláusula firmado después de mayo de 2023 quedaría sujeto al IRAV: 23,47 €. La cifra que cuenta en cada caso es la publicada cuando se cumple la anualidad del contrato.

Vuelve el contrato de temporada

El primer decreto había borrado del artículo 3 de la Ley el arrendamiento por temporada y había creado, dentro de las reglas de vivienda, un arrendamiento de vivienda temporal: una causa escrita y acreditable, un plazo de más de treinta y un días y, como regla, de no más de doce meses, y un tercer contrato consecutivo con el mismo inquilino que convertía el primero en un arrendamiento ordinario. Con la derogación, el artículo 3.2 vuelve a contar entre los arrendamientos para uso distinto del de vivienda los celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra. Esos arrendamientos se rigen por lo que pacten las partes, después por el Título III de la Ley y por el Código Civil (artículo 4.3), y su fianza legal es de dos mensualidades de renta (artículo 36.1). No hay lista de causas, ni mínimo de treinta y un días, ni cuenta de contratos.

Lo que hay, y siempre hubo, es la definición del otro lado de la línea. Un arrendamiento de vivienda es el que tiene como destino primordial satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario (artículo 2.1), y el Tribunal Supremo lleva mucho tiempo leyendo la temporada por su finalidad, no por el calendario: el requisito de la temporalidad de la ocupación guarda relación, no con el plazo de duración simplemente cronológico, sino con la finalidad a que va encaminado el arrendamiento (sentencia 1074/1999, de 15 de diciembre, que repite una doctrina formada bajo la Ley de 1964). Un contrato llamado de temporada que en realidad da al inquilino su única vivienda es, para la Ley, un arrendamiento de vivienda con sus cinco años, diga lo que diga su título. El matrimonio jubilado de Hamburgo, que conserva su casa en Alemania y pasa cinco meses de invierno en Tenerife, es una temporada en el sentido más llano; un inquilino sin otra vivienda que firma de once en once meses no lo es.

Las estancias comercializadas para turistas y sometidas a la normativa turística de cada comunidad siguen fuera de la Ley, ahora sin el límite de treinta y un días que el decreto había escrito en esa exclusión (artículo 5.e); en las islas se rigen por la ley canaria de vivienda vacacional que describimos en nuestra nota sobre la Ley 6/2025. Para el propietario de Los Cristianos, el contrato de este invierno con el matrimonio de Hamburgo puede firmarse de nuevo como contrato de temporada, y el del invierno que viene también, sin ninguna cuenta que llevar.

La letra pequeña que ha vuelto atrás

El primer decreto había reescrito también la letra pequeña del arrendamiento ordinario. Cada uno de esos cambios ha quedado deshecho.

En el decreto De nuevo en la Ley
Tributos de la vivienda Nunca a cargo del inquilino A cargo del inquilino si el contrato lo dice por escrito, con su importe anual (artículo 20.1)
Seguro de impago No podía exigirse al inquilino No se menciona; cualquier garantía adicional a la fianza tiene un tope de dos mensualidades en los contratos de hasta cinco o siete años (artículo 36.5)
Desistimiento A los seis meses, sin coste A los seis meses; el contrato puede fijar una mensualidad por cada año que falte (artículo 11)
Reparaciones Quince días para que el arrendador contestara; después el inquilino podía reparar y descontar Repara el arrendador; el inquilino puede hacer las urgentes y reclamar su coste (artículo 21)
Documento de finalización Obligatorio; sin él se presumía que la vivienda se devolvió en buen estado No se exige
Viviendas grandes o de renta alta Bajo las reglas imperativas Con más de 300 m², o por encima de 5,5 veces el salario mínimo anual, prevalece lo que pacten las partes (artículo 4.2)
Derecho de adquisición preferente del inquilino No podía renunciarse Puede renunciarse en el contrato (artículo 25.8)

Una regla que esta nota contaba entre los cambios ya estaba en la Ley, y se queda: en un arrendamiento de vivienda, Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador (artículo 20.1). En un contrato de temporada, que no es un arrendamiento de vivienda, vuelven a depender de lo que diga el contrato.

Vender una vivienda alquilada

El artículo 25 también es el de antes. El inquilino conserva treinta días naturales para igualar el precio, contados desde una notificación fehaciente de la venta y de sus condiciones, y otros treinta desde la copia de la escritura si esa notificación faltó o fue incorrecta. Pero el contrato puede volver a contener la renuncia del inquilino a ese derecho, en cuyo caso el arrendador debe comunicarle su intención de vender al menos treinta días antes de firmar la compraventa (artículo 25.8), y el derecho no nace cuando el piso se vende junto con las demás viviendas o locales del arrendador en el mismo edificio (artículo 25.7). El deber de fijar un precio separado para el piso en una venta conjunta, y la herencia por el comprador de la indemnización por no renovar, se fueron con los decretos. La parte fiscal de esa misma venta está en nuestra guía sobre vender como no residente.

Desahucios

El primer decreto había trazado dos vías para un inquilino vulnerable con rentas impagadas: un nuevo apartado de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el que la Administración de vivienda tenía dos meses para ofrecer otra vivienda o pagar la deuda y, si no, ocupaba el lugar del inquilino como deudora, y una suspensión de los desahucios que los tribunales podían acordar hasta el 31 de diciembre de 2030. Las dos cayeron con el decreto. Lo que queda es la Ley de Enjuiciamiento Civil tal como estaba. En una demanda de desahucio sobre la vivienda habitual del demandado, el juzgado le indica cómo acudir a los servicios de vivienda y sociales, y puede suspender el proceso para que estos actúen durante un plazo máximo de suspensión de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro meses si se trata de una persona jurídica (artículo 441, apartados 5 y 6). La suspensión extraordinaria que venía renovándose desde 2020 terminó el 31 de diciembre de 2025: los dos decretos que la prorrogaban durante 2026 fueron derogados también. Las vías contra un ocupante sin contrato están en nuestra nota sobre los okupas.

Lo que se hizo mientras los decretos fueron ley

La Constitución llama «derogación» a lo que hizo el Congreso, y una derogación pone fin a una norma; no dice qué es de lo que se hizo a su amparo. En esos días se produjeron tres clases de papeles.

La primera es la solicitud de prórroga extraordinaria del inquilino. La misma pregunta surgió en abril, cuando el decreto de marzo cayó con solicitudes ya hechas, y estuvo abierta cinco meses: el decreto de septiembre tuvo que decir que aquellas solicitudes se tendrán por válidamente formuladas, sin necesidad de nueva comunicación (disposición transitoria primera). Esa frase ha sido derogada ahora con todo lo demás. Una solicitud hecha el 1 o el 2 de octubre, y las de la primavera, vuelven a estar donde estaban en mayo: hechas al amparo de una norma que existió, y confirmadas por ninguna que exista. Un arrendador no debería ignorar una solicitud así, ni tratarla como vinculante sin asesorarse.

La segunda es el preaviso de no renovación del arrendador. Un preaviso enviado en esos días sigue siendo un preaviso, y con la Ley necesita cuatro meses y ninguna causa. Si un preaviso dado mientras el segundo decreto estuvo en vigor lleva consigo el año de renta que ese decreto le aparejaba, no está resuelto; conviene revisarlo antes de que se devuelva la vivienda.

La tercera es el contrato firmado en esos días: un arrendamiento ordinario con las condiciones del decreto, o un alquiler de invierno redactado como arrendamiento de vivienda temporal con su causa. Las reformas de 2019 y de 2023 dejaron los contratos anteriores bajo las reglas del día en que se firmaron; la derogación no trae ninguna regla transitoria propia. Un contrato de esos días debería leerlo un abogado antes de que cualquiera de las partes se apoye en él.

Lista de comprobación del arrendador tras la derogación

  • Saque los decretos del calendario: el preaviso de seis meses, la prórroga de cinco años y el año de renta han desaparecido; la fecha que cuenta es cuatro meses antes de que termine cada plazo.
  • Feche sus contratos de todos modos: fecha de firma, final de los cinco o siete años, próxima actualización; si nadie preavisa, el contrato sigue hasta tres años más.
  • Actualice con la cláusula del contrato: el IRAV solo es el tope para los contratos firmados desde el 26 de mayo de 2023; los anteriores siguen su propia cláusula, con el IPC como límite desde 2019; sin cláusula no hay actualización.
  • Firme el alquiler de este invierno como contrato de temporada, para inquilinos que conservan su casa en otro lugar, y dígalo en el contrato.
  • Haga revisar todo lo firmado o enviado entre el 1 de octubre y la derogación: un contrato, un preaviso, una solicitud de prórroga o su respuesta.
  • Lea el Boletín, no el titular: estas medidas han llegado por decreto dos veces en 2026 y han caído dos veces.

Un decreto-ley es ley desde la primera mañana y puede dejar de serlo en días. Lea lo que dice la ley el día en que firma, deje por escrito lo que haga a su amparo y guarde la fecha.

Nuestro equipo inmobiliario de los despachos de Costa Adeje y Corralejo lleva compraventas y arrendamientos en ambas islas, y puede revisar un contrato, un preaviso o una solicitud de prórroga escritos en esos días; la consulta es de pago y se presupuesta por adelantado. El servicio se describe en nuestra página de derecho inmobiliario, y la página de contacto tiene los horarios de ambos despachos.

Preguntas frecuentes

¿Siguen en vigor los decretos del alquiler de octubre de 2026?

Los dos decretos de septiembre, no: el Congreso derogó ambos el 2 de octubre de 2026, el Real Decreto-ley 26/2026 por 178 votos frente a 172 y el Real Decreto-ley 27/2026 por 184 votos frente a 166, mediante resoluciones publicadas en el Boletín ese día. Pero la mayoría de sus medidas vuelven a estar en vigor desde el 8 de octubre de 2026, en el Real Decreto-ley 29/2026, que la Diputación Permanente del Congreso disuelto convalidó el 12 de noviembre de 2026; un segundo decreto-ley, el 28/2026, que habría reescrito las reglas de prórroga desde el 15 de noviembre, fue derogado en la misma sesión y nunca llegó a aplicarse.

El contrato de cinco años de mi inquilino termina en 2027. ¿Puedo ponerle fin?

Con la Ley tal como la lee el nuevo decreto-ley, no libremente. Desde el 8 de octubre de 2026 un inquilino cuyos cinco años terminen antes del 31 de diciembre de 2028 puede pedir la prórroga extraordinaria, por plazos anuales hasta dos años más, si ha pagado la renta puntualmente los ocho meses anteriores, y usted tiene que aceptarla salvo que necesite la vivienda para usted o su familia o firmen los dos un contrato nuevo (disposición final quinta del Real Decreto-ley 29/2026). El preaviso de seis meses y la indemnización de hasta doce mensualidades que el Real Decreto-ley 28/2026 anunciaba para el 15 de noviembre nunca llegaron a aplicarse: ese decreto-ley fue derogado el 12 de noviembre de 2026. Fuera de la prórroga extraordinaria, la regla es la que describe esta nota: cuatro meses de preaviso, sin causa ni indemnización, y una prórroga tácita de tres años si nadie preavisa.

Mi contrato dice que la renta sube con el IPC. ¿Puedo aplicarlo?

Desde el 8 de octubre de 2026 el IRAV es el tope de toda actualización, diga lo que diga el contrato y se firmara cuando se firmara (artículo 18.1 de la Ley en la redacción del Real Decreto-ley 29/2026), y para las actualizaciones que toquen hasta el 31 de diciembre de 2027 la subida no puede superar el 2 % salvo que pacte otra cifra con el inquilino, y es nula cuando la renta supera el índice de referencia (disposición final sexta). El decreto-ley fue convalidado el 12 de noviembre de 2026; antes de él, un contrato firmado antes del 26 de mayo de 2023 tenía su cláusula con el IPC como tope, y uno firmado desde esa fecha, el IRAV. Con las cifras de agosto de 2026 los tres topes son el 4,3 %, el 2,47 % y el 2 %.

Alquilo mi piso cada invierno al mismo matrimonio. ¿Vuelve a ser un contrato de temporada?

Desde el 8 de octubre de 2026, no. El Real Decreto-ley 29/2026 vuelve a sacar de la Ley el alquiler por temporada y pone en su lugar el arrendamiento de vivienda temporal: una causa escrita y acreditable de la estancia temporal de los inquilinos, más de treinta y un días y como regla no más de doce meses, una fianza legal de una mensualidad, una garantía adicional de una mensualidad como máximo, y no más de dos contratos seguidos con los mismos inquilinos, porque el tercero convierte el primero en un arrendamiento de vivienda habitual. Un contrato de temporada firmado antes del 8 de octubre conserva su régimen hasta el fin pactado y se extingue entonces sin prórroga. El decreto-ley fue convalidado el 12 de noviembre de 2026, de modo que el contrato de temporada que describe esta nota pervive solo en esos contratos anteriores. Lo que importa en todo caso es que los inquilinos tengan de verdad su vivienda permanente en otro lugar.

Un inquilino me pidió la prórroga de dos años el 1 de octubre. ¿Tengo que concederla?

La norma que daba ese derecho fue derogada el 2 de octubre y vuelta a escribir el 8 de octubre de 2026 por el Real Decreto-ley 29/2026, cuya disposición transitoria primera tiene por válidamente formuladas las solicitudes hechas al amparo del decreto de marzo; una solicitud hecha el 1 o el 2 de octubre al amparo del decreto de septiembre no aparece en ella, y lo seguro es que el inquilino la repita al amparo del nuevo decreto-ley. No ignore la solicitud ni la trate como vinculante sin asesorarse: conteste por escrito y haga revisar el contrato y sus fechas.

Este artículo es información general a 15 de noviembre de 2026, no asesoramiento sobre ningún contrato en particular. Se publicó por primera vez el 1 de octubre de 2026, cuando los dos decretos estaban en vigor, se reescribió tras la votación del 2 de octubre y se actualizó el 21 de octubre por los Reales Decretos-leyes 29/2026 y 28/2026, de 6 de octubre (Boletín Oficial del Estado de 7 de octubre de 2026), y de nuevo el 15 de noviembre por las resoluciones de 12 de noviembre de 2026 (Boletín Oficial del Estado de 13 de noviembre) con las que la Diputación Permanente del Congreso convalidó el primero y derogó el segundo. Los textos citados son el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 30 de septiembre de 2026), y el Real Decreto-ley 27/2026, de la misma fecha (Boletín de 1 de octubre de 2026), ambos derogados por el Congreso el 2 de octubre de 2026, mediante resoluciones publicadas en el Boletín de ese día (las cifras de la votación son las de la nota de prensa del propio Congreso); la Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994) en la redacción vigente antes de ellos; la Ley 12/2023; la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Constitución; el Real Decreto-ley 8/2026 y la resolución del Congreso de 28 de abril de 2026 que lo derogó; el Real Decreto-ley 11/2020; y la sentencia 1074/1999 del Tribunal Supremo. El IRAV es la cifra del Instituto Nacional de Estadística para agosto de 2026. La consulta con nuestro equipo inmobiliario es un servicio de pago.

Esta nota es información general, no asesoramiento jurídico. Para su situación concreta, consulte con un abogado.

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