Custodia compartida en España: qué valoran los jueces y qué cambia para la vivienda y los alimentos
Dos hermanos de Huelva, de trece y ocho años, pasan una semana con su padre y la siguiente con su madre. Lo acordó un juzgado y lo confirmó la Audiencia Provincial, con un informe psicosocial favorable y buena relación de los niños con ambos progenitores. Lo que llegó al Tribunal Supremo fue todo lo demás. La Audiencia había dado por probado que el padre ingresaba 4.938,33 euros al mes y la madre 1.237,51, y le impuso a él 300 euros mensuales por los dos niños aunque viven con él la mitad del tiempo. La vivienda familiar era solo suya, con una hipoteca que paga él, y la Audiencia atribuyó su uso a la madre hasta el 30 de noviembre de 2038. El 29 de septiembre de 2026, en la sentencia 1522/2026, el Tribunal Supremo mantuvo los 300 euros y redujo el uso de la casa por la madre a dos años más. La custodia compartida decide dónde duermen los hijos. La casa y el dinero se deciden aparte, cada uno con su propia regla.
Más de la mitad de los divorcios con hijos
En 2025, por primera vez en la serie que publica el Instituto Nacional de Estadística, más de la mitad de los divorcios con hijos menores terminó en custodia compartida: el 50,8 %, frente al 45,3 % en que la custodia fue para la madre y el 3,4 % para el padre, en los divorcios entre cónyuges de distinto sexo. En 2016 la cifra era del 28,4 %. El artículo 92 del Código Civil prevé la custodia compartida desde julio de 2005, y el Tribunal Supremo fijó en 2013 los criterios para acordarla y los repite desde entonces.
Qué es la custodia compartida y qué no es
El derecho español separa dos cosas que en la conversación se confunden. La patria potestad es el poder y el deber de tomar las decisiones que marcan la vida de un hijo: el colegio, la salud, el lugar donde vive. Tras una separación sigue en manos de ambos progenitores en casi todos los casos, sea cual sea la custodia: La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro, dice el artículo 156. La guarda y custodia es más estrecha: con quién vive el hijo y quién lo cuida en el día a día.
Custodia compartida quiere decir que ambos progenitores son guardadores por turnos. No significa mitades iguales por ley, porque el Código no fija ningún calendario. En las sentencias que aquí se comentan el patrón eran las semanas alternas; un tribunal de Sevilla situó el intercambio los viernes en el colegio y añadió una noche con el otro progenitor cada miércoles.
Tampoco es solo un horario. La custodia compartida no es un mero reparto del tiempo de convivencia de los niños con cada uno de los progenitores, sino un sistema de guarda que requiere una cooperación entre ambos, dijo el Tribunal Supremo en julio de 2026: reparte el tiempo de los hijos, pero sobre todo exige que los dos progenitores cooperen.
Dos caminos: el acuerdo o la petición de uno solo
El artículo 92 abre dos puertas. La primera es el acuerdo: Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. Si la piden los dos, en el convenio que presentan o en cualquier momento del procedimiento, el juez la acuerda. Aun así el juez lee el convenio, con informe del Ministerio Fiscal, y aprueba sus acuerdos salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges, como dice el artículo 90.2.
La segunda puerta es la petición de un progenitor contra la voluntad del otro: Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor. El juez puede acordarla a instancia de uno solo, con el informe del fiscal, cuando solo así queda bien protegido el interés del menor. Hasta 2012 el texto exigía que ese informe fuera favorable; el Tribunal Constitucional anuló la palabra el 17 de octubre de 2012, y desde entonces el informe orienta al juez sin vincularlo.
La palabra Excepcionalmente sigue en el artículo, y el Tribunal Supremo lo lee entero desde el interés del menor: si bien en abstracto la custodia compartida es un sistema beneficioso para los menores, la medida que en cada caso se adopte sobre la guarda y custodia debe estar fundada en el interés del concreto menor. En abstracto es un sistema que beneficia a los hijos; en cada caso, la medida tiene que apoyarse en el interés de ese hijo en concreto. Un juzgado puede incluso acordarla sin que la haya pedido ninguno de los progenitores. En un caso de Móstoles resuelto el 17 de marzo de 2026, sentencia 427/2026, quien la pidió fue el fiscal; el juzgado accedió, y cuando el asunto llegó al Tribunal Supremo nadie discutía que era lo adecuado para el chico, cuyos padres habían alternado semanas por su cuenta durante tres años tras separarse.
Qué valoran los jueces
El Código nombra el criterio, el interés superior del menor, y una cosa que hay que mirar: antes de decidir, el juez debe valorar la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos, según el artículo 92.6. El Tribunal Supremo completó la lista en 2013: la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente. Es decir: cómo cuidó cada progenitor del hijo hasta entonces y de qué es capaz cada uno; qué dicen querer los hijos con edad para tener opinión; cuántos hijos son; si cada progenitor ha cumplido sus deberes y si se respetan entre sí; y qué concluyen los informes que la ley exige.
Una Audiencia Provincial, la de Sevilla, aplicó esa lista en marzo de 2025 a una niña de cuatro años cuya custodia tenía la madre. Acordó la custodia compartida porque nadie discutía la capacidad de ninguno de los dos, ya funcionaba un régimen amplio de visitas, la niña dormía en casa de su padre cuando el trabajo de la madre le impedía estar con ella, ambos dijeron que se llevaban bien, sus casas estaban cerca la una de la otra y de la guardería, y cada uno contaba con familia que ayudara. Ninguna de esas razones es extraordinaria. Son las que tiene que poder acreditar quien pide la custodia compartida.
El mismo caso enseña cómo puede deshacerse esa valoración. Cuando llegó al Tribunal Supremo había hechos que la Audiencia no había visto: el padre había sido condenado en junio de 2024 por un delito de violencia de género, con la pena ya cumplida; la madre alegaba, sin prueba hasta ahora, que la niña volvía de casa de él en mal estado y que no quería ir; y contra la madre se habían dictado dos autos de ejecución por no cumplir la custodia compartida. El 19 de octubre de 2026, en la sentencia 1632/2026, el Tribunal dejó sin efecto la custodia compartida y devolvió el asunto para que el equipo psicosocial del tribunal informe antes de que se decida nada, porque las relaciones y comportamientos humanos no son estáticos, sino dinámicos, y un tribunal que decide sobre un niño mira a la familia tal como es el día en que decide. Mientras tanto la niña vive con su madre y ve a su padre con las visitas de la primera sentencia.
El informe importa, y no decide. El artículo 92.9 permite al juez pedir el dictamen de especialistas debidamente cualificados, y el Tribunal Supremo cuenta el informe psicosocial entre los elementos que pondera antes de acordar la custodia compartida. Después el tribunal lo valora como cualquier otra prueba pericial y puede apartarse de él razonándolo.
Los roces entre los progenitores no cierran la puerta por sí solos, porque toda separación trae alguno. Lo que el Tribunal exige es un suelo de respeto: la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto. En un caso de Motril la Audiencia había acordado la custodia compartida y, previendo problemas, ordenó a los padres escribirse y contestarse en setenta y dos horas. Para el Tribunal Supremo la cláusula lo decía todo: ya presupone la falta de fluidez en las relaciones entre ellos.
La voz del hijo: se le oye, no decide
A los hijos se les oye, y cuanto mayores son más obligado resulta. El artículo 92.2 ordena al juez velar por que se cumpla su derecho a ser oídos, y la ley procesal fija la edad: en un procedimiento contencioso los menores de doce años pueden ser oídos cuando el tribunal lo estime necesario, de oficio o a petición del fiscal, de los padres, del equipo técnico judicial o de los propios hijos, debiendo ser oídos en todo caso si hubieran alcanzado dicha edad. La audiencia se hace en condiciones idóneas para proteger al menor y sin interferencias de otras personas.
Ser oído no es elegir. Los deseos del hijo son una entrada de la lista del Tribunal Supremo, junto al cuidado anterior de los padres, sus aptitudes y los informes, y la decisión es del juez, motivada en el interés del menor. A los niños pequeños no se les pregunta. En el caso de Sevilla la niña tenía cinco años y el Tribunal no vio sentido en oírla: Por razón de su escasa edad no tiene sentido llevar a efecto la audiencia de la menor. Con una niña de esa edad el Tribunal acudió a los especialistas.
Cuándo la ley la excluye
El artículo 92.7 cierra la custodia compartida en dos situaciones. La primera es un proceso penal: No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Basta, por tanto, con que haya un proceso penal de esa clase abierto contra cualquiera de los dos. La segunda no necesita proceso penal: es suficiente que el juez de familia advierta indicios fundados de violencia doméstica o de género en lo que las partes alegan y prueban. Desde 2022 cuenta también el maltrato a los animales, o la amenaza de causarlo, como medio para controlar a cualquiera de esas personas.
El caso de Motril enseña lo poco que hace falta. El padre había sido condenado en julio de 2023 por un delito leve de injurias a la madre, con cinco días de localización permanente y la prohibición de acercarse a ella a menos de 200 metros. En octubre de 2024 le envió mensajes en el mismo tono, vino una nueva orden de alejamiento, y una segunda condena quedó firme el 26 de septiembre de 2025. Él alegó que eran delitos leves, sin violencia física, en plena ruptura. El 13 de julio de 2026, en la sentencia 1135/2026, el Tribunal Supremo retiró la custodia compartida que había acordado la Audiencia y devolvió la custodia a la madre: las condenas acreditaban su desprecio hacia ella, y entre esos progenitores era impensable el intercambio de información que la custodia compartida necesita. El padre conserva sus visitas y pernoctas, porque nadie, tampoco la madre, había sostenido que perjudicaran al niño.
Las visitas tienen su propia prohibición en el artículo 94, en términos parecidos, con una salida que la de la custodia compartida no tiene: el juez puede fijar pese a todo un régimen de visitas en resolución motivada en el interés superior del menor.
La vivienda: un uso con fecha de fin
El artículo 96 atribuye el uso de la vivienda familiar a los hijos y al progenitor con quien se quedan, hasta que el menor de ellos alcance la mayoría de edad. No tiene regla para los hijos que se quedan con los dos. El Tribunal Supremo llena el vacío con el párrafo escrito para los hermanos repartidos entre sus padres, que solo dice que la autoridad judicial resolverá lo procedente, y ha dado un método a esa decisión: se atenderá especialmente al interés más necesitado de protección en función del riesgo de poner en peligro el régimen de custodia compartida, y la titularidad de la vivienda (privativa o común). El juez mira sobre todo cuál de los dos tiene el interés más necesitado de protección, para que la propia custodia compartida no peligre, y de quién es la casa, de uno o de ambos.
Sea cual sea la respuesta, lleva fecha. Su adjudicación, en los supuestos de custodia compartida, debe ser temporalmente limitada en atención a las circunstancias concurrentes, porque sin límite equivaldría a una suerte de expropiación forzosa para el propietario o copropietario. Los plazos que el Tribunal enumera de sus propias sentencias van de uno a tres años, con sentencias aisladas que optaron por años alternos o por un uso hasta que se liquide el patrimonio común de la pareja.
En el caso de Huelva la Audiencia había razonado como si la madre tuviera la custodia exclusiva: uso hasta la mayoría de edad del hijo pequeño y tres años más por su discapacidad, más de dieciséis años en total contando desde el primer auto de medidas provisionales, de junio de 2022. El Tribunal Supremo lo consideró desproporcionado. La discapacidad del niño, moderada, no le hacía necesaria esa casa; su hermano, con trece años, puede acompañarlo al colegio al que van los dos; y con los niños fuera una semana de cada dos, la madre puede dejar la jornada parcial por la completa. Le dio dos años más, contados desde su propia sentencia, para encontrar una vivienda propia para sus semanas.
Algunos progenitores piden lo contrario, la casa nido, en la que los hijos no se mueven y son los padres quienes entran y salen. Salvo circunstancias excepcionales, el Tribunal Supremo no la impone contra la voluntad de un progenitor. En la sentencia de Móstoles recordó que una casa nido supone tres viviendas, y apreció que el padre, con 1.300 euros al mes, no podía pagar una segunda. Nuestro artículo sobre la vivienda familiar tras el divorcio trata la casa nido, la hipoteca y lo que cambia una nueva pareja.
Alimentos: el tiempo igual no los suprime
El Código no dice que el progenitor custodio cobra y el otro paga. Dice que el juez determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos, en el artículo 93, y que cuando dos personas deben alimentos el pago se reparte en cantidad proporcional a su caudal respectivo, en el artículo 145. El tiempo igual deja abierta la cuestión de los medios desiguales, y el Tribunal Supremo la responde en una línea: la estancia paritaria de los hijos con sus progenitores no exime del pago de alimentos cuando exista desproporción en los ingresos de los padres. Nadie queda liberado de pagar por tener a los hijos la mitad del tiempo si los ingresos de uno y otro no guardan proporción.
Las cifras de los tres casos dan la medida. En Huelva, con ingresos de 4.938,33 y 1.237,51 euros al mes, el padre paga 300 euros mensuales, 150 por cada hijo, y los gastos extraordinarios se reparten al sesenta y al cuarenta por ciento. En Sevilla el padre pagaba 180 euros al mes con la custodia de la madre; el tribunal que la cambió a compartida bajó la cifra a 100 y no la suprimió. En Móstoles el padre gana 1.300 euros al mes y la madre no tiene ingresos: él paga 150 euros al mes para los gastos del hijo en las semanas que el chico pasa con ella. Cuando los ingresos son parecidos, los progenitores pueden pactar que cada uno asuma los gastos diarios de sus semanas y que ambos ingresen en una cuenta común para colegio, salud y actividades; la estadística de 2025 recoge que en el 44,1 % de los divorcios con pensión de alimentos el pago correspondió a ambos cónyuges. Cómo se calcula, se actualiza y se cobra la pensión está en nuestro artículo sobre la pensión de alimentos de los hijos.
Antes del juzgado: intentar el acuerdo
Desde el 3 de abril de 2025 una demanda contenciosa de familia no puede presentarse sin más. La Ley Orgánica 1/2025 convirtió el intento previo de acuerdo en condición de admisión: para que sea admisible la demanda se considerará requisito de procedibilidad acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias. Para que la demanda se admita, quien demanda tiene que haber intentado antes alguna de las vías reconocidas para resolver el conflicto fuera del juzgado: mediación, conciliación, una oferta vinculante confidencial o una negociación entre los dos abogados siguiendo las instrucciones de sus clientes. El intento debe constar en un documento. La regla alcanza a los procesos de familia de la ley procesal, incluidas las demandas posteriores de modificación de medidas. No alcanza a las medidas de protección del artículo 158 del Código Civil, como las que evitan la sustracción de un hijo, ni a las medidas cautelares pedidas antes de la demanda, y está prohibida en los asuntos que corresponden a las secciones de violencia sobre la mujer, donde está vedada la utilización de los medios adecuados de solución de controversias.
El acuerdo alcanzado por esa vía llega al juzgado como convenio regulador, el que describe el artículo 90, y una vez aprobado se ejecuta como una sentencia.
Cambiarla después
Ninguna resolución sobre custodia es definitiva como lo es una condena al pago de una cantidad. Las medidas pactadas o acordadas pueden modificarse cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges, dice el artículo 90.3. La ley procesal añade una vía que los progenitores pasan por alto: El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el Tribunal del régimen de guarda y visitas. Los incumplimientos reiterados del régimen, de cualquiera de los dos, pueden llevar al tribunal a cambiar la propia custodia, siempre que el cambio encaje con su valoración del interés del menor.
Hasta que un tribunal la cambie, la resolución vigente se cumple. La madre de Sevilla no cumplió la custodia compartida mientras su recurso ante el Tribunal Supremo estaba pendiente, y el tribunal de la ejecución respondió con palabras que el Supremo reproduce: No puede la madre arrogarse la facultad de incumplimiento de una resolución judicial, amparándose en una suspensión que el recurso no llevaba consigo.
La distancia es el cambio más evidente. Un calendario de semanas alternas no sobrevive al traslado de un progenitor a otra isla o a otro país, y entre las funciones de la patria potestad el artículo 154 enumera Decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por autorización judicial: la residencia habitual del hijo no se cambia sin el consentimiento de los dos o sin autorización del juez. Nuestro artículo sobre mudarse al extranjero con los hijos tras una separación sigue esa regla paso a paso.
Progenitores no casados, progenitores extranjeros: las mismas reglas
Ninguna de las cuatro parejas de estas sentencias estaba casada. Los artículos del Código Civil hablan de cónyuges y los tribunales los aplican a cualquier progenitor: el título de familia de la ley procesal comprende los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores, y el Tribunal Supremo dijo en la sentencia de Huelva que los criterios sobre la vivienda familiar son un régimen jurídico aplicable, también, a los casos de las uniones more uxorio, es decir, de las parejas que convivieron como si estuvieran casadas. Inscribirse como pareja cambia otras cosas, que explica nuestro artículo sobre la pareja de hecho en Canarias, y deja estas como están.
Los progenitores extranjeros preguntan si un juez español puede decidir, y con qué ley. Para un hijo que vive en las islas las respuestas son que sí, y la ley española. El reglamento europeo sobre responsabilidad parental atribuye la competencia a los tribunales del Estado miembro en el que el menor resida habitualmente cuando se acude al tribunal; y según el Convenio de La Haya de 1996 las autoridades competentes aplican su propia ley. La nacionalidad de los padres no cuenta. Nuestro artículo sobre el divorcio en España explica cómo funciona la residencia habitual para el divorcio mismo. Canarias no tiene derecho civil propio, de modo que en las islas se aplica el artículo 92 del Código Civil.
Qué preparar antes de pedir la custodia compartida
- Su papel hasta ahora. Quién llevaba a los hijos al colegio y al médico, quién se quedaba en casa cuando enfermaban, quién conoce a los profesores. El primer criterio es lo que hizo cada progenitor antes, y lo prueban los mensajes, los registros del colegio y los cuadrantes de trabajo.
- Dos casas cerca del colegio. Una vivienda propia donde los hijos tengan dónde dormir, y su distancia al colegio y a la casa del otro progenitor.
- Su horario. Un horario de trabajo compatible con las semanas que pide, y quién ayuda cuando no lo es; el tribunal de Sevilla tuvo en cuenta el apoyo familiar de ambos lados.
- Un calendario. La alternancia, el día y el lugar del intercambio, el contacto en la semana del otro progenitor y las vacaciones, por escrito y como propuesta.
- El dinero. Los ingresos de ambos y los gastos fijos de los hijos, con declaraciones de la renta, nóminas y certificados bancarios, y una propuesta: las semanas de cada uno, una cuenta común, una aportación si los ingresos difieren.
- La vivienda. De quién es, qué se debe por ella y quién paga. Pida un uso con un plazo que pueda defender, porque un uso sin fecha de fin no se sostendrá.
- El tono. Cada mensaje que envíe puede leerlo un juez. El respeto entre los progenitores es la premisa de la custodia compartida, y los insultos le han costado el régimen a un progenitor.
- El intento de acuerdo. Conserve el documento que prueba la oferta, la mediación o la negociación entre abogados: sin él la demanda no se admite.
La custodia compartida de un vistazo
| Cuestión | La regla vigente |
|---|---|
| La piden los dos progenitores | El juez la acuerda, tras el informe del fiscal, salvo que el convenio dañe a los hijos |
| La pide uno solo | El juez puede acordarla, con el informe del fiscal, si solo así se protege el interés del menor |
| Qué valora el juez | El cuidado anterior, las aptitudes de cada uno, los deseos de los hijos, los deberes cumplidos, el respeto mutuo, los informes |
| Audiencia de los hijos | Siempre desde los doce años en un proceso contencioso; antes, cuando el juez lo estime necesario |
| Proceso penal o indicios de violencia | No cabe la custodia compartida |
| La vivienda familiar | Sin regla automática: un uso limitado en el tiempo para el progenitor más necesitado |
| Casa nido | No se impone si un progenitor se opone, salvo circunstancias excepcionales |
| Alimentos | Se siguen debiendo cuando los ingresos de los progenitores no guardan proporción |
| Antes de la demanda | Un intento de acuerdo documentado, salvo donde la violencia lo prohíbe |
| Cambiarla | Cuando cambian las necesidades de los hijos o las circunstancias de los progenitores, o tras incumplimientos reiterados |
| Trasladar al hijo | Solo con el consentimiento de ambos progenitores o con autorización judicial |
Qué hace nuestro equipo
El área de familia del despacho asesora a progenitores en Tenerife y Fuerteventura sobre custodia, alimentos y vivienda familiar, por acuerdo cuando es posible y ante el juzgado cuando no lo es. Para quien quiere la custodia compartida, o se opone a ella, eso supone reunir la prueba de quién ha cuidado de los hijos, redactar el calendario y la propuesta económica, llevar el intento de acuerdo que la ley exige ahora y, si fracasa, presentar la demanda con ese intento documentado; para un régimen que ya no funciona, supone la demanda de modificación o la ejecución. El equipo trabaja en español, inglés, alemán, ruso e italiano con personal propio, desde Costa Adeje y Corralejo, y acuerda los honorarios antes de empezar cualquier trabajo. Si se está separando y tiene hijos, o el régimen que ya tiene ha dejado de funcionar, escríbanos con la sentencia o el convenio vigente, si existe, y la edad de los hijos.
Preguntas frecuentes
¿Es la custodia compartida la regla por defecto en España?
No. El Código Civil no establece ninguna preferencia: el juez acuerda la custodia compartida cuando la piden los dos progenitores, y puede acordarla a petición de uno cuando solo así se protege el interés del menor. En la práctica se ha convertido en el resultado más frecuente: el 50,8 % de los divorcios con hijos menores en 2025, según el Instituto Nacional de Estadística, frente al 45,3 % de custodias para la madre.
¿Custodia compartida significa que nadie paga alimentos?
No necesariamente. Cada progenitor contribuye en proporción a sus medios, y el Tribunal Supremo sostiene que el tiempo igual no libera al progenitor con más recursos cuando los ingresos no guardan proporción. En la sentencia 1522/2026 un padre que tiene a sus dos hijos en semanas alternas paga 300 euros al mes por ellos.
¿Puede un hijo de doce años elegir con qué progenitor vive?
Al hijo se le oye, y desde los doce años el juez debe oírlo en un proceso contencioso. Sus deseos cuentan como uno de los criterios, junto al cuidado anterior de los padres, sus aptitudes y los informes. La decisión es del juez, motivada en el interés del menor.
¿Quién se queda con la casa si la custodia es compartida?
Ninguno de los dos de forma automática. El juez puede atribuir el uso al progenitor con mayor necesidad, siempre por un tiempo limitado, y los plazos de las sentencias del Tribunal Supremo van en su mayoría de uno a tres años. En septiembre de 2026 redujo a dos años un uso que una Audiencia Provincial había extendido hasta 2038.
El otro progenitor ha sido denunciado por violencia. ¿Puede acordarse aun así la custodia compartida?
No mientras haya un proceso penal abierto por atentar contra la vida, la integridad o la libertad del otro progenitor o de los hijos, ni cuando el propio juez de familia advierta indicios fundados de violencia doméstica o de género. En la sentencia 1135/2026 bastaron dos condenas por insultar y vejar a la madre para excluirla. Las visitas son una cuestión aparte, que se decide según el interés del menor.
Información general sobre el derecho vigente a 15 de noviembre de 2026 (Código Civil, artículos 90, 92, 93, 94, 96, 145, 154 y 156; Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 748, 770 y 776; Ley Orgánica 1/2025, artículos 5 y 10; Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 89.9; Reglamento (UE) 2019/1111, artículo 7; Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, artículo 15; sentencias del Tribunal Supremo 427/2026, 1135/2026, 1522/2026 y 1632/2026; estadística del Instituto Nacional de Estadística publicada el 23 de julio de 2026). No es asesoramiento jurídico; el caso de cada familia depende de sus propios hechos y de los hijos de que se trate.
Esta nota es información general, no asesoramiento jurídico. Para su situación concreta, consulte con un abogado.
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