Pensión de alimentos en 2026: cómo se fija, cómo se actualiza y cómo se cobra, también desde el extranjero

Pregunte a diez padres separados de Costa Adeje o de Corralejo en qué se basa la pensión de alimentos de sus hijos y oirá diez respuestas distintas: un porcentaje, una tabla, «lo que le pareció al juez», «lo que acordamos en 2019 y no hemos vuelto a tocar». La realidad está más ordenada de lo que parece, y en 2026 importa más que nunca: las tablas orientadoras en las que se apoyan los juzgados están en revisión, el Tribunal Supremo acaba de aclarar desde cuándo se debe una pensión, y las herramientas para cobrar las mensualidades impagadas — en España o cruzando una frontera — son más afiladas de lo que la mayoría cree.

Este artículo es el complemento de nuestra guía sobre los gastos de la vuelta al cole entre padres separados, que trataba quién paga qué. Aquí la cuestión es la pensión en sí: cómo se fija la cifra, cómo se mantiene viva con los años y qué pasa cuando deja de llegar.

Cómo fijan la cifra los juzgados

El Código Civil da al juez la tarea y la vara de medir, no una fórmula. El juez debe determinar la contribución de cada progenitor a los alimentos de los hijos y adoptar las medidas necesarias para acomodar esa contribución a las circunstancias económicas de la familia y a las necesidades de los hijos «en cada momento» (art. 93). La cuantía es proporcionada al caudal de quien la da y a las necesidades de quien la recibe (art. 146). Todo lo demás — las tablas, los porcentajes que circulan por internet — son herramientas para aplicar esas dos frases.

La herramienta que usa todo el mundo son las tablas orientadoras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): publicadas por primera vez en 2013, actualizadas por su Comisión Permanente en mayo de 2019 y construidas sobre las estadísticas nacionales de gasto de los hogares. Cruzan los ingresos netos del progenitor que paga con el número de hijos y devuelven una cifra mensual por el coste de mantenerlos, una cifra que, por diseño, excluye la vivienda y la educación, que se resuelven aparte. Tres cosas sobre ellas se malinterpretan una y otra vez:

• Orientan, no obligan. Un juzgado puede apartarse de ellas, y lo hace, cuando un hijo tiene necesidades médicas, cuando quien paga mantiene a otros hijos, cuando la custodia es compartida con ingresos muy distintos o, sencillamente, cuando la cifra sería irreal en las islas.
• Son dinero antiguo. Las cifras de 2019 se traen a precios de hoy con el índice de precios al consumo antes de que nadie las cite; y en el momento de escribir esto, la propia calculadora en línea del CGPJ está retirada «en proceso de revisión y actualización», señal de que se prepara una nueva edición. Hasta que llegue, las tablas de 2019 actualizadas siguen siendo la referencia.
• Hay un suelo. Incluso con ingresos muy bajos, los juzgados suelen negarse a fijar una pensión por debajo de unos 150–200 euros por hijo y mes — el llamado mínimo vital — salvo que quien paga carezca de verdad de todo medio. La custodia compartida tampoco apaga la pensión: el Tribunal Supremo ha dicho repetidamente que, cuando los ingresos de los padres son muy desiguales, el mejor situado sigue aportando.

Para una familia internacional, una regla más lo condiciona todo: en una reclamación de alimentos es normalmente competente el juzgado de la residencia habitual del hijo, y la ley aplicable suele ser la de ese mismo lugar. Un niño que vive en Fuerteventura o en el sur de Tenerife es, a estos efectos, un caso español, digan lo que digan los pasaportes de sus padres.

La actualización: la cláusula que muchas familias olvidan usar

Una pensión fijada en 2019 y que se sigue pagando con la cifra de 2019 ha perdido valor real cada año desde entonces. Por eso las sentencias y los convenios aprobados llevan una cláusula de actualización anual, casi siempre ligada al índice de precios al consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística. Dos verdades prácticas sobre esa cláusula:

• No es automática. Nadie en el juzgado recalcula la cifra cada enero. El progenitor que cobra aplica el índice, comunica el nuevo importe y, si no se atiende, reclama la diferencia. Años de actualizaciones sin aplicar son una pérdida silenciosa y muy frecuente.
• La diferencia se puede reclamar hacia atrás. La acción para cobrar pensiones alimenticias prescribe a los cinco años (Código Civil, art. 1966), de modo que las actualizaciones no aplicadas, como los meses impagados, no se esfuman de un día para otro, pero acaban esfumándose.

Las circunstancias también cambian. Cuando los ingresos, las necesidades o el régimen de custodia se mueven de forma sustancial, cualquiera de los progenitores puede pedir la modificación de medidas; y desde abril de 2025 esa petición, como una primera demanda, debe ir precedida de un intento de negociación o mediación, el paso previo que explicamos en nuestra guía sobre demandar en España.

El Tribunal Supremo ha añadido este año un matiz de peso práctico. En una sentencia de enero de 2026 estableció que, cuando la custodia cambia de hecho — un hijo pasa a vivir con el otro progenitor —, el deber de pagar la pensión al nuevo progenitor custodio corre desde el cambio real, no desde la fecha de la sentencia posterior que lo recoge. La resolución es declarativa, no constitutiva: las necesidades del menor empezaron cuando empezó la nueva convivencia, y el dinero sigue al hijo.

Qué cubre la pensión, y qué gastos quedan fuera

La cifra mensual está pensada para cubrir las necesidades ordinarias: alimentación, ropa, parte de la vivienda, la escolarización de cada día, los costes previsibles de la vida de un hijo. Los gastos verdaderamente extraordinarios — el ortodoncista, la operación, la necesidad repentina de un especialista — quedan fuera y se reparten, normalmente a medias, bien porque la sentencia los enumera, bien porque un juzgado los declara extraordinarios en un breve incidente previo, con cinco días para que el otro progenitor se oponga (Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 776.4.ª).

La frontera entre unos y otros es donde viven la mayoría de las disputas, y la jurisprudencia está asentada sobre la más repetida: la factura de septiembre del colegio — libros, uniformes, material — es gasto ordinario, dentro de la pensión, no un extra. Ese terreno lo recorrimos, sentencia a sentencia, en el artículo de la vuelta al cole enlazado arriba; aquí no lo repetiremos.

Cuando el dinero deja de llegar: la caja de herramientas de la ejecución

Una pensión impagada no es una disputa privada: es una resolución judicial incumplida, y la ley española la trata con una severidad poco habitual. Desde el momento en que falta una mensualidad, el progenitor que cobra puede pedir al juzgado que dictó la sentencia (o aprobó el convenio) que la ejecute. La caja de herramientas es más amplia de lo que la gente espera:

• Embargo sin el límite habitual. Para las deudas ordinarias, una parte importante del salario está protegida frente al embargo. Para los alimentos fijados en una sentencia de familia esa protección no rige: el propio tribunal fija qué parte de los ingresos del deudor puede embargarse (Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 608). Los saldos bancarios y las devoluciones de Hacienda se alcanzan por la misma vía.
• Multas coercitivas. Al progenitor que incumple de manera reiterada se le pueden imponer multas mensuales además de la deuda, calculadas conforme a la regla general que permite hasta el 20 % del valor incumplido al mes (arts. 776.1.ª y 711).
• La vía penal. Dejar de pagar dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos de una pensión fijada judicialmente es un delito castigado con prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses (Código Penal, art. 227), y toda condena comporta «siempre» la obligación de pagar lo adeudado. El delito exige que el progenitor pudiera pagar y decidiera no hacerlo; pero el Tribunal Supremo ha sido explícito en que ocultar o dilapidar bienes para parecer insolvente es exactamente aquello para lo que existe el tipo, y ha calificado el impago de pensiones como una forma de violencia económica.
• El anticipo del Estado. Cuando la ejecución fracasa — no aparecen ingresos, no hay nada que embargar —, el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos puede anticipar la pensión a los hijos: hasta 100 euros por hijo y mes, durante un máximo de dieciocho meses, siempre que los ingresos de la familia estén por debajo de un tope (una vez y media el indicador público de renta para un hijo, un cuarto más por cada hijo adicional). El Estado recupera después el dinero del deudor. Modesto, sin actualizar desde 2008, pero real.

Ninguna de estas herramientas funciona sin un título ejecutivo: una sentencia o un convenio aprobado judicialmente. Un acuerdo privado garabateado entre los padres, por sensato que sea, no da acceso a ninguna. Ese es el argumento más fuerte para regularizar un arreglo informal mientras la relación es buena.

Cobrar al otro lado de una frontera, en cualquier sentido

Las familias isleñas son internacionales por naturaleza, y el progenitor que debe la pensión está a menudo en Manchester, Düsseldorf o Milán. La ley tiene una respuesta para cada geografía:

• Dentro de la UE, el Reglamento de alimentos (en vigor desde 2011) hace que una resolución española sea ejecutable en casi todos los Estados miembros sin ningún exequátur: sin nuevo juicio, sin reexamen del fondo. Cada Estado tiene una Autoridad Central (en España, el Ministerio de Justicia) que ayuda a localizar al deudor, transmitir la solicitud y perseguir la ejecución; para los alimentos de los hijos, esa asistencia es gratuita.
• El Reino Unido salió de ese reglamento con el Brexit, pero pasó a ser parte por derecho propio del Convenio de La Haya de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños, en vigor para el Reino Unido desde el 1 de enero de 2021; así que una resolución española se sigue reconociendo y ejecutando allí a través de las Autoridades Centrales, y una resolución británica se ejecuta aquí.
• Más allá de Europa, el mismo Convenio de 2007 vincula a una lista creciente de Estados, y convenios más antiguos cubren otros; la vía existe, simplemente tarda más.

El mecanismo funciona en las dos direcciones. Un progenitor que se quedó en las islas con los hijos puede normalmente demandar aquí, en el juzgado de la residencia de los hijos, aunque el otro progenitor nunca haya vivido en España; y una resolución extranjera puede ejecutarse contra un progenitor que vive en Fuerteventura o en Tenerife con las mismas herramientas descritas arriba.

Lista de comprobación para un progenitor

• Localice su título. Busque la sentencia o el convenio aprobado y compruebe la redacción exacta de la cláusula de actualización y la lista de gastos extraordinarios.
• Aplique el índice cada año y conserve las comunicaciones: son su prueba si tiene que reclamar atrasos.
• Lleve un registro de pagos: fechas, importes, referencias bancarias. La ejecución y, si llega el caso, la denuncia penal se construyen sobre él.
• Actúe pronto ante los atrasos: dos meses impagados ya tienen significado legal, y cinco años es el límite exterior para reclamar.
• Regularice los arreglos informales mediante un convenio aprobado judicialmente; sin título no hay nada que ejecutar.
• ¿Hay una frontera de por medio? Reúna la resolución, una traducción jurada si hace falta y la última dirección conocida del deudor antes de dirigirse a la Autoridad Central.

Una pensión vale lo que vale el papel que la sostiene, y el papel vale lo que valió la última vez que alguien lo leyó.

Nuestro equipo de familia se ocupa de la pensión de alimentos desde la primera reclamación hasta la ejecución transfronteriza — fijar cifras realistas, modificar las antiguas, recuperar atrasos dentro y fuera de España — en Tenerife y Fuerteventura, en doce idiomas de trabajo. Lea cómo trabajamos en derecho de familia o cuéntenos su situación en nuestras oficinas de Costa Adeje o Corralejo.

Preguntas frecuentes

¿Existe una tabla oficial de pensión de alimentos en España?

Existen las tablas orientadoras del Consejo General del Poder Judicial, publicadas por primera vez en 2013 y actualizadas en 2019, que los juzgados usan como punto de partida tras ajustarlas a la inflación. No son vinculantes, excluyen la vivienda y la educación, y la calculadora en línea del CGPJ está ahora mismo retirada por revisión. La última palabra la tiene siempre el juez, con la regla de proporcionalidad del Código Civil.

¿La pensión sube automáticamente cada año?

No. Casi todas las sentencias contienen una cláusula de actualización anual ligada al índice de precios al consumo, pero aplicarla corresponde al progenitor que cobra, que comunica la nueva cifra. Las actualizaciones no aplicadas pueden reclamarse, pero la acción para cobrar pensiones alimenticias prescribe a los cinco años.

Mi ex lleva tres meses sin pagar. ¿Ya es delito?

Dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos sin pagar una pensión fijada judicialmente encajan en la definición del delito, castigado con prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses, más la obligación de pagar lo adeudado. El delito exige capacidad de pago: la imposibilidad real es una defensa; ocultar bienes, no. En paralelo, la ejecución civil — embargo sin el límite habitual, multas coercitivas — suele ser la vía más rápida hacia el dinero.

El otro progenitor vive en el Reino Unido. ¿Puedo ejecutar allí una resolución española?

Sí. Desde el Brexit la vía es el Convenio de La Haya de 2007, del que el Reino Unido es parte por derecho propio desde enero de 2021. Su resolución viaja a través de la Autoridad Central española a su homóloga británica, que persigue allí la ejecución. Dentro de la UE, el Reglamento de alimentos hace la resolución directamente ejecutable sin exequátur.

Nunca fuimos al juzgado, solo acordamos una cifra. ¿Qué opciones tengo si dejan de pagar?

Un acuerdo privado no es ejecutable como tal. El camino habitual es convertirlo en un convenio aprobado judicialmente, o presentar una demanda de alimentos, que desde 2025 debe ir precedida de un intento de negociación o mediación. A partir de ahí se abre toda la caja de herramientas de la ejecución, y el Fondo de Garantía puede intervenir si la ejecución no encuentra nada que embargar.

Este artículo es información general sobre el derecho de familia español vigente en la fecha de publicación, no asesoramiento jurídico para su situación concreta. Las tablas orientadoras, los umbrales y la práctica de los tribunales cambian: revise su caso con cifras actuales antes de actuar.